Las autoridades de las regiones Puno y Moquegua reactivaron esta semana un conflicto de límites territoriales, el cual podría terminar generando confrontaciones sociales entre organizaciones civiles de ambas jurisdicciones.
Todo comenzó con la promulgación de la Ley 30918, interpretada en Puno como «Ley Pasto Grande», destinada a favorecer a Moquegua para anexarse algunas áreas de la región puneña.
Para el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, y el alcalde provincial, Martín Ticona, esta ley que modifica la Ley 27795 fue promulgada por el presidente Martín Vizcarra por ser ex autoridad de Moquegua.
Ambas regiones sostienen un conflicto de demarcación territorial en tres tramos, que según autoridades de Puno pertenecen ancestralmente a esta región, pero son reclamados por Moquegua desde hace un par de décadas.
Según diversos especialistas, el trasfondo del tema tiene que ver con el aprovechamiento de recursos minerales e hídricos en un área de 120.000 hectáreas.
Actualmente, este conflicto es visto en la Secretaría de Demarcación Territorial de la PCM, y con la nueva norma, podría resolverse aplicando una consulta popular con participación de las poblaciones involucradas.
Esta semana, Walter Aduviri y Martín Ticona, acompañados de un grupo de habitantes del lugar, viajaron a la zona de Pasto Grande, reclamada por ambas regiones como parte de su territorio.
La visita de ambas autoridades para ‘reafirmar la posesión de Pasto Grande para Puno’ no fue bien recibida en Moquegua, quienes enviaron a un funcionario regional para advertirles que estaban actuando de manera ilegal.
Durante el encuentro, los funcionarios moqueguanos que arribaron con un contingente policial fueron echados a empellones por algunos habitantes puneños, no permitiendo que dialoguen con el gobernador regional y el alcalde.
Al respecto, el alcalde provincial de Puno refirió que al llegar a esa zona no habían cometido ninguna acción ilegal y que no causaron ninguna provocación. “Hemos estado en un territorio que nos corresponde y seguiremos firme en su defensa, no hubo ninguna actitud de rechazo hacia nadie de nuestra parte o del gobernador”, dijo Ticona a este Diario.
El alcalde de Puno se refería a las amenazas de denuncias legales contra las autoridades puneñas por presuntas usurpaciones territoriales al haber visitado esa zona. Aseguró que volverán a visitar Pasto Grande para cumplir compromisos asumidos con la población del lugar, como viabilizar proyectos de un puesto de salud, comedores escolares, mejoras de vías de acceso (carreteras), entre otros.
Sobre la Ley 30918, el burgomaestre dijo que agotarán todos los mecanismos legales contra esta norma, disponiendo al procurador municipal interponer las demandas que corresponda. También dijo que la ley, al tener nombre propio, se solicitará sea declarada inaplicable.
“La ley tiene efecto inmediato una vez que se reglamente, pero el proceso de demarcación comenzó con la ley anterior y debe resolverse con esa norma, no puede aplicarse la nueva ley con retroactividad”, afirmó la autoridad edil de Puno.
El problema de demarcación territorial entre Puno y Moquegua comenzó cuando el actual presidente de la República, Martín Vizcarra, era director del Proyecto Especial Pasto Grande, institución creada a pedido del Gobierno Regional de Moquegua, para acciones de afianzamiento hídrico.
Dicho Proyecto Especial construyó la represa Pasto Grande para aprovechar las aguas de la laguna del mismo nombre y destinarlas a la irrigación de miles de hectáreas de cultivo en territorio moqueguano y arequipeño (valle del Tambo).
Sin embargo, autoridades de la provincia de El Collao y el distrito
de Ácora denunciaron que la construcción de la represa se dio en
territorio de Puno, y que el recurso hídrico nacido en fuentes
de la región era llevado sin retribuir nada a los habitantes de la zona.
Reportando Moquegua 