Alan García, expresidente de Perú, se suicidó hoy miércoles 17 de abril en su hogar. Esto ocurrió cuando la Policía Nacional llegó a su domicilio para proceder con la detención por el caso Odebrecht. Luego de dispararse en la sien, fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, donde falleció.
El Poder Judicial había ordenado la detención preliminar por 10 días del exmandatario Alan García, así como de su exsecretario general Luis Nava y el expresidente de Petroperú, Miguel Atala, junto a otras personas.
El expresidente era investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en relación con el caso Odebrecht, sin embargo, existen otros crímenes con los que Alan García es vinculado.
Casos vinculados con Alan García
Masacre de Cayara
Pasaron más de 30 años desde la muerte de los pobladores de Cayara, en Ayacucho. El 13 de mayo de 1988, una columna terrorista de Sendero Luminoso atacó un convoy militar cerca de este lugar. Cuatro militares murieron.
Como consecuencia, el comando Político-Militar de Ayacuchoprocedió con el Plan Persecución que acabó con la vida de 39 pobladores asesinados. Hasta la fecha, este suceso permanece impune.
Ninguna de las autoridades se encuentra procesado o preso tras lo ocurrido en Cayara en 1988, a pesar que la población ya identificó a los supuestos implicados. Las irregularidades tras los ocurrido tampoco fueron investigadas al igual que la vinculación de Alan García, quien ejercía como presidente de Perú en esos años.
La Comisión de la Verdad (CVR) informó que las 39 personas fallecieron durante este plan y no en un enfrentamiento, como dijeron los militares. El Plan Persecución fue ejecutado por el Jefe del Comando Político-Militar de la zona, el General José Valdivia Dueñas.
“La posterior desaparición de los cadáveres, asesinatos de testigos, amedrentamiento del fiscal que investigaba el caso y sucesivas comisiones investigadoras del Ejecutivo y Legislativo, solo han mostrado, la voluntad de encubrir lo sucedido para eludir la justicia y la responsabilidad política”, escribió la congresista Tania Pariona en 2017.
Masacre de Accomarca
La madrugada del 1 de septiembre de 2016, la Sala Penal Nacional sentenció a diez militares en total por la matanza de 69 personas en Accomarca, en Ayacucho. La masacre ocurrió el 14 de agosto de 1985, durante el primer gobierno de Alan García. 16 hombres, 30 mujeres y 23 niños murieron.
El expresidente se presentó en calidad de testigo a declarar ante la Sala Penal Nacional el 30 de abril de 2014. Al salir de la audiencia, Alan García recordó que la matanza se llevó a cabo 14 días después de haber asumido el cargo.
Calificó el crimen como un “hecho aislado, dramático y atroz sobre el cual debe hacerse la mayor investigación”.
“Procedí a cambiar la estrategia, la forma de ver esta acción, destituí al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a otros oficiales, un remezón que nos obligara a actuar con pulcritud y cumpliendo las reglas democráticas para evitar cometer excesos como Accomarca”, declaró ante los medio de comunicación en ese entonces.
La Fiscalía señaló que la matanza formó parte del Plan Operativo Huancayoc, cuyo objetivo era destruir y eliminar a los terroristas. Telmo Hurtado, conocido como ‘El carnicero de los Andes’, encabezó la masacre.
La Comisión de la Verdad (CVR) señaló que “no se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso”. A pesar de asumir la culpa solo, Hurtado manifestó que solo cumplió órdenes.
Karim Ninaquispe, abogada de los deudos de la masacre, informó que el proceso de extradición de Hurtado fue largo. Inició en 2006 y se concretó en 2011. Mencionó un “manto de impunidad” durante el segundo gobierno de Alan García. No hubo voluntad política en acelerar la extradición y se concretó dos semanas antes de que terminara su mandato.
Matanza en los penales
Durante el 18 y 19 de junio de 1986, a partir del amotinamiento de presos acusados de terrorismo en las prisiones de San Juan de Lurigancho, El Frontón y la cárcel de mujeres de Santa Bárbara. Los policías y militares reprimieron el motín y acabaron con la vida de casi 300 personas.
El hecho fue calificado por organizaciones políticas como “el asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva de la década de los años 1980”. El entonces presidente de Perú, Alan García, estuvo involucrado al igual que Luis Giampetri, uno de los jefes de la Marina de Guerra. Sin embargo, la Comisión de la Verdad (CVR) no encontró responsable al expresidente.
La comisión presidida por Rolando Ames afirmó tener suficientes pruebas para acusar y exigirle al entonces mandatario explicaciones acerca de las decisiones tomadas. El viceministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó al penal por orden de Alan García y suspendió el diálogo con los internos.
En diciembre de 2004, la Fiscalía especializada en Derechos Humanos formuló la denuncia penal en la que no se incluyó a Alan García.
Matanza Los Molinos
Miembros del MRTA tomaron dos camiones para trasladarse a escondidas a Jauja. Fueron emboscados por efectivos del Ejército el 28 de de abril de 1989. Tras el enfrentamiento, todos los terroristasfueron asesinados.
Los militares realizaron un operativo de rastrillaje por los hogares cercanos al lugar del suceso y ejecutaron a tres personas y desaparecieron a siete, de acuerdo a la Comisión de la Verdad (CVR). Además, un grupo de pobladores fue detenido y torturado.
Tras los hechos, se exigió que se abra una investigación de lo ocurrido en Los Molinos. La mayoría aprista rechazó el pedido en la Cámara de Diputados y la de Senadores. Para ellos, se había tratado de una “acción de guerra”.
Violaciones en Manta y Vilca
ras más de 30 años de impunidad, las mujeres violadas de manera sistemática en las comunidades de Huancavelica verán la justicia. Durante la época del terrorismo, 14 integrantes de las Fuerzas Armadas abusaron sexualmente de ellas. El juicio oral inició el 13 de marzo de este año.
Algunas de las víctimas eran menores de edad cuando se produjeron los delitos. Esto ocurrió entre los años 1984 y 1991.
El 27 de marzo, el Colegiado A de la Sala Penal Nacional aceptó el pedido de desarrollar el juicio en audiencias públicas. “Se está garantizando el derecho a que se conozca la verdad respecto de hechos que ocurrieron en contexto de conflicto armado por parte de personal de las Fuerzas Armadas”, señaló Cynthia Silva, abogada de DEMUS que defiende a tres de las víctimas.
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